Las mujeres feministas hemos luchado durante más de 100 años por el reconocimiento de una ciudadanía plena. De generación en generación, hemos exigido que la democracia cumpla con su promesa de origen, que todas las personas somos iguales en derechos y dignidad, y que la democracia es el gobierno del pueblo, de todo el pueblo. Lo hemos hecho desde nuestros hogares, la academia, las calles, los territorios, las organizaciones y partidos, con la clara conciencia de que nuestra exclusión debilita la democracia, y que sólo con más participación ella se fortalece.

El respaldo ciudadano a la necesidad de contar con una nueva Constitución y que esta sea redactada por ciudadanos y ciudadanas elegidas para ello, es la confirmación del respaldo de las grandes mayorías a un cambio profundo en las reglas de convivencia para dar paso a un Chile que nos represente a todes y del que todes seamos parte. En este marco, el abrumador apoyo a la integración paritaria del órgano encargado de su elaboración pone de manifiesto la relevancia que tiene el proyecto feminista para la democratización del proceso constitucional. No obstante la paridad en la convención constitucional cumple con un imperativo democrático cual es el derecho de las mujeres a participar de los procesos políticos, ello no basta para avanzar en la superación de las desigualdades de género. Requerimos del compromiso firme de todas las candidaturas a delegados/as constituyentes de incorporar y defender en el debate constitucional un piso mínimo que posibilite el ejercicio de una ciudadanía plena, hasta hoy, tan esquiva para las mujeres.

Por lo anterior, resulta urgente que las diversas candidaturas a constituyentes, militantes de partidos políticos e independientes, se pronuncien públicamente de cara a la ciudadanía respecto de su compromiso a promover y defender en la Convención Constitucional:

La incorporación de la igualdad sustantiva y la prohibición de la discriminación sobre la base del sexo y el género con mandatos específicos a los poderes del Estado para la incorporación de una perspectiva de género.

El principio de participación paritaria en el ámbito político, social y económico para terminar con la exclusión histórica de las mujeres en nuestra democracia, y la incorporación de la sociedad organizada en los procesos de toma de decisión a nivel local, regional y nacional.

El reconocimiento, redistribución y desfeminización de los trabajos de cuidado y domésticos que realizan mayoritariamente las mujeres y que limitan el ejercicio de sus derechos.

La garantía y protección a los derechos humanos de niñas, mujeres y disidencias, en particular los derechos sexuales y reproductivos y el derecho a vivir una vida libre de violencia.

La generación de mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas que abran el proceso constituyente a la ciudadanía.

Corporación Humanas
Observatorio de Género y Equidad
Centro de Estudios de la Mujer