AGENDA FEMINISTA:
TEMÁTICAS PRIORITARIAS
PROPONEMOS: Establecer el deber de una participación paritaria en todos los espacios de la sociedad y en todos los poderes y niveles del Estado, la promoción de órganos colegiados y su integración paritaria, gabinete de gobierno y elecciones o designaciones a cargos unipersonales, estableciendo un mandato explícito al Estado y sus poderes de transversalización del género en políticas públicas, legislaciones, sentencias y desarrollo institucional.
La democracia paritaria es una oportunidad para que las necesidades del 50% de la población sean atendidas a través de decisiones y políticas más inclusivas desde todos los poderes del Estado y en todos los niveles de gobierno.
Que haya más mujeres en los diversos espacios y órganos de decisión política.
PROPONEMOS: Garantizar el derecho a una vida libre de violencia, estableciendo instituciones o mecanismos para su tutela efectiva. Además, es imprescindible incluir un mandato para el diseño e implementación de políticas de prevención de la violencia de género.
Derecho a no ser violentadas ni que dañen la integridad de mujeres y niñas por su identidad, por su sexualidad y libertad reproductiva, salud física y mental y garantizar su bienestar social.
La violencia de género es una violación a los derechos humanos de las mujeres.
PROPONEMOS: Reconocer de forma explícita los tratados de derechos humanos, la jurisprudencia y la interpretación que los órganos de tratados dan a los derechos, incluido el principio pro persona, y el deber del Estado de respetar los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Implementar una institucionalidad autónoma y fortalecida que vele por el cumplimiento de los deberes del Estado en esta materia.
PROPONEMOS: Garantizar el derecho al cuidado de toda persona, desde su nacimiento hasta su muerte, un derecho universal en que el Estado se obliga a proveer los medios para garantizar que este cuidado sea digno y realizado en condiciones de igualdad para y entre mujeres y hombres, estableciendo el mandato a la implementación de un sistema nacional e integral de cuidados y el deber de cuidar a quienes cuidan.
PROPONEMOS: Replantear el modelo de trabajo remunerado en la dirección de hacerlo compatible con las labores de cuidados, para hombres y mujeres, promoviendo la corresponsabilidad y el derecho al tiempo libre o al tiempo propio.
El término trabajo de cuidados refiere a todas las actividades diarias necesarias para mantener nuestras vidas y salud que no son remuneradas. Entre ellas están las tareas del hogar, como la preparación de alimentos, limpieza y lavado de ropa, y las tareas de cuidados personales, especialmente de las niñas y niños, personas mayores, enfermas o que tienen alguna discapacidad.
PROPONEMOS: Consagrar de forma expresa la igualdad sustantiva en dignidad, libertad y derechos, estableciendo el mandato al Estado de remover los obstáculos que impidan o dificulten el desarrollo individual y colectivo de grupos históricamente postergados como las mujeres, los pueblos indígenas, las personas migrantes y las diversidades y disidencias sexuales. Ello incluye, por ejemplo, la adopción de medidas de acción afirmativa destinadas a avanzar en la práctica hacia la igualdad real. Asimismo, debe establecerse la prohibición de discriminación en razón de nacimiento, edad, sexo, género, etnia, origen social, idioma; religión, filiación política, posición económica, orientación sexual, identidad de género; estado de salud, discapacidad, o diferencia de cualquier otra índole.
PROPONEMOS: Los derechos sexuales y reproductivos son aquellos derechos humanos que permiten a todas las personas, sin discriminación ni bajo ninguna clase de violencia o imposición, ejercer plenamente su sexualidad como fuente de desarrollo personal y decidir autónomamente sobre su cuerpo, su sexualidad y reproducción, contando para ello con la información, los servicios y los medios que así lo permitan.
PROPONEMOS: La transversalización del enfoque de género implica incluir, de manera sistemática y sostenible, la dimensión de género en todos los procesos, factores, instituciones e instrumentos implicados en la elaboración y aplicación de las políticas. Proponemos establecer un mandato explícito al Estado y sus poderes de transversalización del enfoque de género en políticas públicas, legislaciones, sentencias y desarrollo institucional.