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AGENDA FEMINISTA:
TEMÁTICAS PRIORITARIAS

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Los movimientos de mujeres y feministas han articulado históricamente una agenda que identifica los nudos críticos que sustentan la desigualdad y la discriminación estructural en que se encuentran las mujeres por razones de género. La nueva Constitución Política debe considerar estos contenidos mínimos de manera de avanzar en la consolidación de los derechos de las mujeres y su ciudadanía plena.

PROPONEMOS: Establecer el deber de una participación paritaria en todos los espacios de la sociedad y en todos los poderes y niveles del Estado, la promoción de órganos colegiados y su integración paritaria, gabinete de gobierno y elecciones o designaciones a cargos unipersonales, estableciendo un mandato explícito al Estado y sus poderes de transversalización del género en políticas públicas, legislaciones, sentencias y desarrollo institucional.

La democracia paritaria es una oportunidad para que las necesidades del 50% de la población sean atendidas a través de decisiones y políticas más inclusivas desde todos los poderes del Estado y en todos los niveles de gobierno.

Que haya más mujeres en los diversos espacios y órganos de decisión política.

PROPONEMOS: Garantizar el derecho a una vida libre de violencia, estableciendo instituciones o mecanismos para su tutela efectiva. Además, es imprescindible incluir un mandato para el diseño e implementación de políticas de prevención de la violencia de género.

Derecho a no ser violentadas ni que dañen la integridad de mujeres y niñas por su identidad, por su sexualidad y libertad reproductiva, salud física y mental y garantizar su bienestar social.

La violencia de género es una violación a los derechos humanos de las mujeres.

PROPONEMOS: Reconocer de forma explícita los tratados de derechos humanos, la jurisprudencia y la interpretación que los órganos de tratados dan a los derechos, incluido el principio pro persona, y el deber del Estado de respetar los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Implementar una institucionalidad autónoma y fortalecida que vele por el cumplimiento de los deberes del Estado en esta materia.

PROPONEMOS: Garantizar el derecho al cuidado de toda persona, desde su nacimiento hasta su muerte, un derecho universal en que el Estado se obliga a proveer los medios para garantizar que este cuidado sea digno y realizado en condiciones de igualdad para y entre mujeres y hombres, estableciendo el mandato a la implementación de un sistema nacional e integral de cuidados y el deber de cuidar a quienes cuidan.

 

PROPONEMOS: Replantear el modelo de trabajo remunerado en la dirección de hacerlo compatible con las labores de cuidados, para hombres y mujeres, promoviendo la corresponsabilidad y el derecho al tiempo libre o al tiempo propio.

El término trabajo de cuidados refiere a todas las actividades diarias necesarias para mantener nuestras vidas y salud que no son remuneradas. Entre ellas están las tareas del hogar, como la preparación de alimentos, limpieza y lavado de ropa, y las tareas de cuidados personales, especialmente de las niñas y niños, personas mayores, enfermas o que tienen alguna discapacidad.

PROPONEMOS: Consagrar de forma expresa la igualdad sustantiva en dignidad, libertad y derechos, estableciendo el mandato al Estado de remover los obstáculos que impidan o dificulten el desarrollo individual y colectivo de grupos históricamente postergados como las mujeres, los pueblos indígenas, las personas migrantes y las diversidades y disidencias sexuales. Ello incluye, por ejemplo, la adopción de medidas de acción afirmativa destinadas a avanzar en la práctica hacia la igualdad real. Asimismo, debe establecerse la prohibición de discriminación en razón de nacimiento, edad, sexo, género, etnia, origen social, idioma; religión, filiación política, posición económica, orientación sexual, identidad de género; estado de salud, discapacidad, o diferencia de cualquier otra índole.

PROPONEMOS: Los derechos sexuales y reproductivos son aquellos derechos humanos que permiten a todas las personas, sin discriminación ni bajo ninguna clase de violencia o imposición, ejercer plenamente su sexualidad como fuente de desarrollo personal y decidir autónomamente sobre su cuerpo, su sexualidad y reproducción, contando para ello con la información, los servicios y los medios que así lo permitan.

PROPONEMOS: La transversalización del enfoque de género implica incluir, de manera sistemática y sostenible, la dimensión de género en todos los procesos, factores, instituciones e instrumentos implicados en la elaboración y aplicación de las políticas. Proponemos establecer un mandato explícito al Estado y sus poderes de transversalización del enfoque de género en políticas públicas, legislaciones, sentencias y desarrollo institucional.